Asegurar abasto de medicamentos, urge Comisiòn Permanente a gobierno federal

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó al gobierno federal para que, en coordinación con la Secretaría de Salud, garantice el abasto suficiente de medicamentos en los hospitales, clínicas y centros de salud del sector público del país.

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El senador Ismael Hernández Deras advirtió que la falta de acceso oportuno y eficiente a medicamentos “absorbe más de la mitad del ingreso mensual de las familias mexicanas”, lo que genera un impacto negativo en su calidad de vida.


Destacó que, de acuerdo con la Unidad de Proyectos Especiales de Investigación Sociomédica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para 85 por ciento de los pacientes la carencia de medicinas “es uno de los focos rojos de atención”, porque provoca falta de apego al tratamiento y pone en peligro su integridad física.
Hernández Deras dijo que para garantizar el abasto de medicamentos, la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) implementaron una serie de acciones, entre las que destacan el programa de vales para que los derechohabientes puedan hacer efectivo este recurso en cualquier farmacia o centro de canje.
Con este tipo de medidas, agregó, en el Distrito Federal se han reducido 80 por ciento de las quejas por desabasto de medicamentos. Además, se han identificado ineficiencias logísticas “que están siendo sancionadas”.
El legislador consideró que las acciones realizadas por el Ejecutivo federal y la Secretaría de Salud son las deseadas, pero es necesario que se fortalezcan aún más con el propósito de que ningún hospital del país exista este tipo de problemas.
Legisladores piden que México se adhiera al Protocolo para eliminar comercio ilícito de tabaco.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó al Ejecutivo federal que México se adhiera al Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco, adoptado en noviembre de 2012 en Seúl, República de Corea.
En un dictamen aprobado por la asamblea, solicitó que por medio de las secretarías de Salud y de Hacienda, así como de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, del Sistema de Administración Tributaria y de la Procuraduría General de la República se diseñe un plan de acción para la erradicación de la venta ilegal de este producto.

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